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SENADORES Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS: PROYECTO DE CARRETERA ELECTRICA NO RESPONDE A NECESIDADES DE TRANSMISIÓN QUE REQUIERE CHILE
 
Simultáneamente a la presentación pública del proyecto de Ley que regula la Carretera Eléctrica en La Moneda, parlamentarios  y organizaciones ciudadanas de la Comisión Ciudadana TécnicoParlamentaria (CCTP) cuestionan que el proyecto Carretera Eléctrica no responde a las necesidades de transmisión que requiere Chile; tampoco facilita la integración de proyectos ERNC; y perjudica a las familias chilenas,  imponiéndole nuevos costos. 
 
El senador Antonio Horvath (RN),  expresó que la Carretera Eléctrica “es una ley para HidroAysén, que  faculta al Presidente de la República a imponer servidumbres eléctricas  para líneas de transmisión, facilitando así el acceso a recursos disponibles para la producción de energía eléctrica en el territorio nacional”; y llamó al Gobierno a “responder públicamente, si  el proyecto  de Carretera  tal como se ha presentado, se podría utilizar para establecer el trazado de transmisión de HidroAysén”.

 

La senadora y precandidata presidencial Ximena Rincón (DC) declaró, que más allá de la gravedad de legislar “en favor” de proyectos ampliamente rechazados por el país, nos parece  que el proyecto de ley presentado por el presidente Piñera es pobre en su diagnóstico, no establece en concreto el problema a enfrentar ni tampoco sus causas. Si no conoce las causas, ¿cómo puede tener la certeza que ésta es la solución?”. Rincón expresó “estamos convencidos que uno de los problemas del desarrollo eléctrico es  que el Estado no actúa como garante del bien común,  lo cual requiere una planificación integrada de recursos que determine el mejor desarrollo social, ambiental y económico del desarrollo eléctrico”. Concluyó que “sin una política consensuada y de largo plazo, se caerá en errores que las generaciones futuras lamentarán.”

 

El senador y precandidato presidencial José Antonio Gómez (PRSD)  también destacó que “Chile requiere de una Política Nacional de Energía, generada en base a consensos construidos mediante participación ciudadana y
no como pretende el gobierno, que solo consulta a una minoría  interesada (empresas eléctricas) pero dice que representa el interés del país”.

En el mismo sentido Juan Pablo Orrego (Ecosistemas) denunció, “que el gobierno ha excluido a los ciudadanos de la discusión sobre el desarrollo eléctrico, y que de aprobarse la Carretera Eléctrica, se beneficiaria exclusivamente al oligopolio que domina la generación, transmisión y distribución de electricidad en Chile”.
 
Bernardo Reyes (Ética en los Bosques) agregó, que “el traje a la medida” demandado por el Colbunazo (refiriéndose a la decisión de la empresa Colbún de no presentar el trazado de transmisión de Hidroaysen aevaluación ambiental) salió de la “sastrería” para reforzar una matriz de megaproyectos que depredan el territorio; privilegian a las empresas; debilitan la institucionalidad pública y postergan los derechos ciudadanos.
Oddo Cid (Instituto Ciudadano) argumentó, que “la propuesta del Ejecutivo está errada, pues la demanda en obras de transmisión eléctrica para el mediano y largo plazo ya se encuentran definidas en los recientes estudios de transmisión troncal y sub-transmisión finalizados en el año 2011, y cuyas obras de expansión en el sistema troncal fueron licitadas y en parte ya se encuentran adjudicadas. Esta expansión de transmisión tiene ya con un plazo máximo de 66 meses para empezar a operar (es decir, 5 años y medio). Ello permite satisfacer adecuadamente la demanda de transporte eléctrico, incluyendo la inyecciónde ERNC esperada con el proyecto de Ley 20-20 que se tramita en el Congreso. El problema de congestión actual en la transmisión es consecuencia de una errada política eléctrica histórica y una planificación inoportuna de la expansión de los sistemas de transmisión, lo cual no se arregla con la propuesta de Carretera Electrica. Chile necesita con urgencia generar consenso ciudadano efectivo, adoptar la eficiencia energética y la diversificación de la oferta eléctrica incluyendo un aumento significativo de medios ERNC, además de cambiar los sistemas de tarificación del servicio eléctrico a los clientes regulados, corregir el oligopolio actual, y adoptar una estrategia energética de largo plazo” .
Finalmente, Sara Larrain (Chile Sustentable) destacó que el proyecto de carretera eléctrica no sirve para integrar las ERNC a los sistemas de transmisión, porque los sistemas troncales transmiten en alta tensión (500Kv) y los proyectos ERNC en media y baja tensión (25 a 110 Kv), lo que implicaría instalar estaciones de transformación carísimas que hacen inviable dichos proyectos.  Adicionalmente a la inutilidad de dicha carretera para diversificar la matriz con ERNC, “si no se da una participación real de la ciudadanía y de los actores representativos del país en la generación de consensos democráticos de hacia donde va eldesarrollo eléctrico del país, los conflictos van a aumentar y las empresas eléctricas no podrán avanzar con sus proyectos, porque la gente va a continuar defendiendo sus derechos, tanto en la vía administrativa, como la judicial”.

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729 days ago

SENADORES Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS: PROYECTO DE CARRETERA ELECTRICA NO RESPONDE A NECESIDADES DE TRANSMISIÓN QUE REQUIERE CHILE

Simultáneamente a la presentación pública del proyecto de Ley que regula la Carretera Eléctrica en La Moneda, parlamentarios y organizaciones ciudadanas de la Comisión Ciudadana TécnicoParlamentaria (CCTP) cuestionan que el proyecto Carretera Eléctrica no responde a las necesidades de transmisión que requiere Chile; tampoco facilita la integración de proyectos ERNC; y perjudica a las familias chilenas, imponiéndole nuevos costos.

El senador Antonio Horvath (RN), expresó que la Carretera Eléctrica “es una ley para HidroAysén, que faculta al Presidente de la República a imponer servidumbres eléctricas para líneas de transmisión, facilitando así el acceso a recursos disponibles para la producción de energía eléctrica en el territorio nacional”; y llamó al Gobierno a “responder públicamente, si el proyecto de Carretera tal como se ha presentado, se podría utilizar para establecer el trazado de transmisión de HidroAysén”.



La senadora y precandidata presidencial Ximena Rincón (DC) declaró, que más allá de la gravedad de legislar “en favor” de proyectos ampliamente rechazados por el país, nos parece que el proyecto de ley presentado por el presidente Piñera es pobre en su diagnóstico, no establece en concreto el problema a enfrentar ni tampoco sus causas. Si no conoce las causas, ¿cómo puede tener la certeza que ésta es la solución?”. Rincón expresó “estamos convencidos que uno de los problemas del desarrollo eléctrico es que el Estado no actúa como garante del bien común, lo cual requiere una planificación integrada de recursos que determine el mejor desarrollo social, ambiental y económico del desarrollo eléctrico”. Concluyó que “sin una política consensuada y de largo plazo, se caerá en errores que las generaciones futuras lamentarán.”



El senador y precandidato presidencial José Antonio Gómez (PRSD) también destacó que “Chile requiere de una Política Nacional de Energía, generada en base a consensos construidos mediante participación ciudadana y
no como pretende el gobierno, que solo consulta a una minoría interesada (empresas eléctricas) pero dice que representa el interés del país”.

En el mismo sentido Juan Pablo Orrego (Ecosistemas) denunció, “que el gobierno ha excluido a los ciudadanos de la discusión sobre el desarrollo eléctrico, y que de aprobarse la Carretera Eléctrica, se beneficiaria exclusivamente al oligopolio que domina la generación, transmisión y distribución de electricidad en Chile”.

Bernardo Reyes (Ética en los Bosques) agregó, que “el traje a la medida” demandado por el Colbunazo (refiriéndose a la decisión de la empresa Colbún de no presentar el trazado de transmisión de Hidroaysen aevaluación ambiental) salió de la “sastrería” para reforzar una matriz de megaproyectos que depredan el territorio; privilegian a las empresas; debilitan la institucionalidad pública y postergan los derechos ciudadanos.
Oddo Cid (Instituto Ciudadano) argumentó, que “la propuesta del Ejecutivo está errada, pues la demanda en obras de transmisión eléctrica para el mediano y largo plazo ya se encuentran definidas en los recientes estudios de transmisión troncal y sub-transmisión finalizados en el año 2011, y cuyas obras de expansión en el sistema troncal fueron licitadas y en parte ya se encuentran adjudicadas. Esta expansión de transmisión tiene ya con un plazo máximo de 66 meses para empezar a operar (es decir, 5 años y medio). Ello permite satisfacer adecuadamente la demanda de transporte eléctrico, incluyendo la inyecciónde ERNC esperada con el proyecto de Ley 20-20 que se tramita en el Congreso. El problema de congestión actual en la transmisión es consecuencia de una errada política eléctrica histórica y una planificación inoportuna de la expansión de los sistemas de transmisión, lo cual no se arregla con la propuesta de Carretera Electrica. Chile necesita con urgencia generar consenso ciudadano efectivo, adoptar la eficiencia energética y la diversificación de la oferta eléctrica incluyendo un aumento significativo de medios ERNC, además de cambiar los sistemas de tarificación del servicio eléctrico a los clientes regulados, corregir el oligopolio actual, y adoptar una estrategia energética de largo plazo” .
Finalmente, Sara Larrain (Chile Sustentable) destacó que el proyecto de carretera eléctrica no sirve para integrar las ERNC a los sistemas de transmisión, porque los sistemas troncales transmiten en alta tensión (500Kv) y los proyectos ERNC en media y baja tensión (25 a 110 Kv), lo que implicaría instalar estaciones de transformación carísimas que hacen inviable dichos proyectos. Adicionalmente a la inutilidad de dicha carretera para diversificar la matriz con ERNC, “si no se da una participación real de la ciudadanía y de los actores representativos del país en la generación de consensos democráticos de hacia donde va eldesarrollo eléctrico del país, los conflictos van a aumentar y las empresas eléctricas no podrán avanzar con sus proyectos, porque la gente va a continuar defendiendo sus derechos, tanto en la vía administrativa, como la judicial”.

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