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1455 days ago
DECLARACION Y FIRMA, ACADEMIAS NACIONALES
GOLPE DE ESTADO
QUE DA EL MISMO ESTADO
Declaración Pública
Estimados colegas y amigos:
Los Presidentes de las Academias Nacionales han elaborado un
Pronunciamieto sobre el desconocimiento del Estado de Derecho y las
violaciones de derechos constitucionales en Venezuela, para presentarlo a la
comunidad nacional e internacional, que les anexo, para que sea suscrito
no solo por académicos, sino por diferentes personalidades de los sectores
profesionales, económicos, empresariales, religioso, de ONGs, etc. Por lo
que quienes deseen adherirse a dicho Pronunciamiento, pueden solicitar al
Dr. Pedro Palma, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Atentamente,
Dr: Román J. Duque Corredor
Presidente de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales
DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION DE DERECHOS
FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.
En la presentación de sus Propuestas a la Nación el 10 de noviembre de este
año, las Academias Nacionales advirtieron sobre el deterioro de las bases
institucionales de la democracia, propia del Estado de Derecho que para
nuestro país postula la Constitución vigente, y sobre los efectos negativos
de la inflación y del deterioro de la salud pública, sobre la pérdida de la
enseñanza de la historia, así como sobre los límites de la investigación
científica y la falta de planificación y ejecución de un desarrollo
sostenible.
Hoy, ante la sanción de leyes que violan derechos constitucionales de
naturaleza inalienable e irrenunciable, así como del principio de la
separación de los poderes y de la institucionalidad democrática, los
presidentes de las Academias Nacionales y demás firmantes de este
documento, responsablemente denuncian ante la opinión pública nacional y
mundial el desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela por la
pretensión de imponer un sistema absolutista. Ello en razón del concepto
totalitario que priva en la legislación recientemente aprobada, que no sólo
confiere ilimitadas facultades al Presidente de la República, y altera la
distribución del poder público de la organización federal de la Nación,
sino que también desconoce la voluntad electoral expresada el 26 de
septiembre de 2010, que reclamó un poder legislativo mucho más plural y de
mayor representatividad de los diversos sectores nacionales en la
aprobación de las leyes.
Este sistema absolutista se manifiesta en la grave restricción de las
libertades públicas de pensamiento, de expresión y de educación libre, en la
imposición de controles y sanciones al derecho de información, y en la
eliminación de los fundamentos de autonomía en el funcionamiento de las
universidades, que forma parte de su esencia como instituciones de educación
superior. El sentimiento absolutista también se exterioriza a través de la
sanción de leyes que persiguen imponer un modelo de Estado socialista y
comunal, en contra de la voluntad popular que lo rechazó en el referéndum
del año 2007, que atentan contra el principio de la soberanía popular como
fuente originaria del poder del Estado. Adicionalmente, ese modelo excluye a
los que no se identifican con esa ideología, alterando los principios de
igualdad y de no discriminación, propias de las democracias
constitucionales. Estos desconocimientos colocan a Venezuela fuera de los
estándares democráticos de los tratados y convenciones suscritos por el
Estado venezolano.
Consideramos que la actual Asamblea Nacional altera gravemente el orden
constitucional del Estado de Derecho, al impedir el pleno funcionamiento de
la nueva Asamblea Nacional al restringir sus competencias legislativas por
un período de dieciocho (18) meses, cuando delega ampliamente en el
Presidente de la Republica la mayor parte de su reserva legislativa, y
sobre materias totalmente ajenas a la emergencia climática que se
argumentó como justificación de tal delegación. Adicionalmente, la
modificación del régimen interior de debates busca limitar la discusión y
deliberación de los nuevos parlamentarios. Estas decisiones legislativas
se toman con la clara intención de evitar que los miembros de la nueva
Asamblea Nacional puedan ejercer debidamente la representación de los
votantes que los eligieron en las elecciones del 26 de septiembre de
2010.
Creemos que las leyes sancionadas por la actual Asamblea Nacional en su
último período de sesiones, contrarían los valores de la sociedad
democrática del pluralismo, del respeto de los derechos fundamentales, de
la separación y del equilibrio entre los poderes, así como de la
participación ciudadana, de la organización federal del Estado, del
sistema económico democrático, de la seguridad jurídica y del respeto de
las minorías. Leyes como la de telecomunicaciones y la de responsabilidad
e inhabilitación política de los parlamentarios, afectan la esencia misma
de la dignidad de las personas, al imponer controles y sanciones al
ejercicio del derecho a expresar opiniones y a disentir libremente.
A lo anterior se suma la falta de un Poder Judicial independiente que
garantice la imparcialidad de los procesos judiciales, y que asegure que
la actuación de los gobernantes se lleve a cabo dentro de los límites del
derecho, y en armonía con los valores constitucionales y las leyes que están
destinadas a conservarlos. Por otro lado, la actuación sin el debido
proceso, arbitraria y desproporcionada, para privar a los ciudadanos de su
libertad y de sus bienes, afectan la estabilidad personal y social de los
ciudadanos y su libre desenvolvimiento. Hoy día en Venezuela, por todo ese
conjunto de leyes, y por la falta de protección judicial ante sus
violaciones, es cada vez más riesgoso ejercer derechos intangibles como el
de la libre expresión y de la libre manifestación política.
La utilización de la fuerza militar para ejecutar actividades civiles y
administrativas, contradice sus fines institucionales y los tratados que
respecto de la seguridad ciudadana ha suscrito Venezuela, que prohíben
utilizar cuerpos profesionales armados y armas de guerra en la realización
de actuaciones gubernamentales. Por lo expuesto, estimamos que está en
riesgo el sistema político democrático basado en el imperio de la
Constitución y de la Ley.
Dentro de ese contexto, ratificamos que el carácter ilimitado de la
delegación conferida al Presidente de la República mediante autorización de
leyes habilitantes atenta contra el principio de seguridad jurídica y el
principio democrático, porque ello conduce a la eliminación de las
competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, y a la
desnaturalización de la excepcionalidad de la delegación legislativa. Así
mismo, rechazamos el uso de facultades extraordinarias para afectar
derechos económicos y sociales fundamentales, como el de propiedad y el de
libre iniciativa, sin atenerse a los principios constitucionales que
garantizan que tales derechos no se afecten arbitrariamente, y que tales
afectaciones no produzcan daños mayores, como el desempleo, la escasez de
productos esenciales, la ineficiencia de los servicios públicos y la
corrupción.
Particular denuncia queremos hacer sobre la gravedad de la lesión al derecho
a la libre enseñanza que representa el proyecto de Ley de Educación
Superior, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional. Este instrumento
legal despoja a las universidades de su autonomía administrativa, de
autogobierno, de dirección y normativa, al transferirse la mayor parte de
sus competencias autónomas a entes dependientes del poder ejecutivo, y al
someter las universidades a un régimen de sumisión en cuanto a sus
facultades investigativas y programáticas, imponiéndoles como modelo el de
la educación socialista y un sistema de gobierno similar al comunal.
Exigimos del poder legislativo que en la nueva legislación se garanticen a
las Universidades los principios constitucionales de su autonomía, es
decir: 1) La potestad para orientar sus planes de estudio y de
investigación de su sistema de educación. 2) La capacidad para darse
libremente su propia organización académica y de concretar su libertad de
enseñanza y económica. 3) La reserva legal, en el sentido que sólo por
ley puede limitarse la libertad de las universidades, sin que se afecten
sus elementos esenciales y únicamente para permitir la supervisión de la
calidad de la instrucción y la observancia de las grandes directrices
de la política educativa. 4) La inviolabilidad del recinto universitario
como medio de protección de la autonomía universitaria. 5) El derecho de
los profesores y estudiantes, principalmente, como miembros de la
comunidad universitaria, de participar en los órganos de gobierno de las
universidades y en sus decisiones. Y, 6) La existencia de un sistema
verdaderamente democrático y de respeto pleno a las libertades públicas y a
los derechos humanos, que garantice efectivamente la autonomía
universitaria.
Por todo lo expuesto, advertimos y denunciamos que en la actualidad en
Venezuela no están garantizados los principios fundamentales ni el
cumplimiento del Pacto Social del Estado de Derecho y de Justicia de una
sociedad democrática y plural que postula la Constitución.

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